Las directivas de los partidos de Chile Vamos le entregarán este lunes una carta al presidente Gabriel Boric, donde le pidieron eliminar los indultos y las pensiones de gracia a víctimas del estallido social.
Se trata de una misiva a cinco años de la revuelta que se inició el 18 de octubre de 2019, donde acusan una supuesta política de impunidad por parte del Gobierno.
“A días de un nuevo 18 de octubre, l(…) creemos pertinente hacer presente a S.E. una serie de reflexiones acerca de los riesgos que corrió nuestra democracia y la necesidad de revisar una serie de gestos y políticas impulsadas desde el Gobierno con el objeto de hacer una suerte de reconocimiento a quienes destruyeron nuestras ciudades y pusieron en riesgo la continuidad de nuestra democracia”, acusan.
En ese sentido, si bien aseguran que “sin ánimo de revivir los cuestionamientos a las credenciales democráticas de quienes pusieron todo de su parte por interrumpir el mandato del expresidente, Sebastián Piñera, lo cierto es que parece conveniente recordar que desde que asumió S.E. la jefatura de Estado, se ha buscado proveer de impunidad a quienes protagonizaron la destrucción que terminó con los sueños de miles de compatriotas”.
“En el marco de las violentas jornadas que sucedieron al 18 de octubre del año 2019, actuales personeros de Gobierno, parlamentarios y dirigentes políticos que integran la coalición oficialista, en ese entonces de oposición, plantearon la existencia de “presos políticos” en Chile”, acusan.
“Muchos de ellos incluso acusaron la existencia de centros de tortura, cuestión de enorme irresponsabilidad dado el nivel de agitación que existía por esos días”, añaden.
En esa línea, junto con destacar que esto último fue desmentido por distintos organismos de Derechos Humanos, critican la persistencia del actual oficialismo de hablar de “presos políticos”, a los cuales han beneficiado con medidas como indultos, retiro de querellas y pensiones de gracia.
“La liberación de personas imputadas y condenadas por hechos delictivos, especialmente por aquellos ocurridos en el marco del “estallido social” de 2019, ha sido un imperativo del gobierno de S.E. el Presidente de la República”, cuestionan.
“Pero frente los cuestionamientos, se buscaron otras fórmulas de “recompensar” el vandalismo irracional post estallido, y en ese marco se pueden situar las pensiones de gracia que fueron entregadas de manera ilegítima y arbitraria, tal como lo constata un informe de la Contraloría General de la República“, reprochan desde Chile Vamos.
“Hay un guiño a la delincuencia que permite presumir deudas pendientes del gobierno con un mundo que puso todo de su parte para derrocar un gobierno y atentó contra la vida, la integridad y el patrimonio de miles de chilenos de trabajo”, fustigan.
“De ahí que, en orden a despejar toda duda, el Gobierno, en el marco de un nuevo aniversario de la vandalización, debiese dar gestos democráticos y renovar sus credenciales, dejando sin efecto los indultos y las pensiones de gracias otorgadas a sujetos que fueron irregularmente acreditados como “víctimas” en un proceso del todo viciado y custodiado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que no cuenta ni con las competencias ni con la objetividad para acreditar victimización”, piden.
“Esperamos igualmente que S.E. entienda esta carta como una oportunidad de dejar de lado una interpretación antojadiza y cuestionable de los incidentes que sucedieron al 18 de octubre del 2019, y abrace una posición conciliable con los principios democráticos, en la que se reivindique la labor policial y se rechace todo intento de deponer a un Presidente democráticamente electo por la fuerza”, concluye la carta.