La Fiscalía Regional de Coquimbo anunció una investigación de oficio por una “eventual filtración de antecedentes”, luego que se dieran a conocer nuevos chats de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.
Mediante un comunicado, se destacó que tal información está contenida “una carpeta investigativa vigente y amparada bajo la reserva establecida en el artículo 182 del Código Procesal Penal”.
Recordemos que en los últimos días, se han dado a conocer diversas conversaciones entre la diputada y la entonces alcaldesa, siendo la última de estas relacionadas con la incorporación de integrantes de su equipo de diputación en cargos municipales, además de mensajes despectivos hacia la administración del presidente Gabriel Boric.
Ahora bien, el Ministerio Público decidió iniciar esta indagación por “una eventual vulneración” a la reserva del caso, y esclarecer “si ha existido la filtración de antecedentes reservados de la investigación y, en su caso, establecer responsabilidades conforme a lo dispuesto en el artículo 246 del Código Penal, que sanciona la violación de secreto”.
En su comunicado, la Fiscalía dijo reiterar su compromiso con la reserva de las investigaciones y el debido proceso, junto con hacer un llamado “a la responsabilidad en el manejo de información sujeta a reserva legal”, ya que “su divulgación indebida puede afectar la dignidad de las personas, el éxito de las investigaciones y la administración de justicia.
La defensa de la diputada Karol Cariola también reaccionó a la nueva filtración de chats, afirmando que la Fiscalía “debería instruir que el fiscal Pasten, quien está a cargo de indagar todas las continuas filtraciones en causas complejas recientes, investigue esta grosera burla a los jueces y a la ciudadanía, sin distinciones”.
En este sentido, sostuvo que el “Juez Cayul le ordenó al fiscal que persigue a la Sra Cariola no filtrar el informe no tachado que se adjuntó en reserva a la causa, en relación con la vida privada, cometarios políticos y hechos sin interés penal”.
Además, la defensa de la diputada expresó que tal informe estaba solo en manos del “fiscal Cooper, de la PDI, del tribunal y una defensa en la causa Sierra Bella”.
Por todo ello, es que sostuvieron -junto con que aún no poseen acceso al informe- que “este grave desacato y burla a la justicia debe ser sancionado”, añadiendo que están evaluando sus distintas acciones legales.
