La Comisión de Economía de la Cámara aprobó la iniciativa que plantea que contratos clave para los consumidores sean pactados en pesos y no en Unidad de Fomento.
Esta semana, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley que busca restringir el uso de la Unidad de Fomento (UF) como medida de reajustabilidad en contratos considerados de alto impacto para el bolsillo familiar.
El proyecto —resultado de la fusión de dos mociones parlamentarias presentadas por diputados de diferentes bancadas, incluyendo el Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista y Democracia Cristiana— no elimina completamente la UF de la economía, pero sí establece que en contratos de arriendo, educación, salud previsional y créditos hipotecarios, los cobros deberán fijarse en moneda nacional, es decir, en pesos chilenos.
Según se expone en el texto, el objetivo es “equilibrar la notoria diferencia entre el ciudadano que, con miras a pagar las obligaciones, obtiene ingresos en pesos”, buscando que el alza del costo de la vida no impacte de forma desproporcionada a las familias debido a reajustes automáticos asociados a la UF.
De acuerdo con el proyecto aprobado en la Comisión, los siguientes ámbitos deberán regirse por cobros en pesos:
- Arriendos: Se modifica la Ley N° 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos, incorporando que “la renta de arrendamiento se deberá establecer en pesos”.
- Educación: En el DFL 2 se establece que “en todos los establecimientos de educación, en sus diversos niveles, los cobros de arancel, matrícula y cualquier otro ítem deberán fijarse en pesos”.
- Planes de salud: La iniciativa establece que las cotizaciones de salud pactadas entre el cotizante y las isapres “siempre deberán fijarse en pesos”.
- Créditos hipotecarios y contratos de salud previsional: Se incorpora que “estos no podrán ser pactados en unidades de fomento, debiendo estipularse en pesos”, modificando el DFL N°3 de 2019 sobre protección de los derechos de los consumidores.
En el documento se destaca que el alza constante de la UF afecta especialmente a sectores medios y vulnerables, ya que mientras los sueldos y pensiones se pagan en pesos, las obligaciones de arriendos, educación, salud y vivienda suelen estar expresadas en UF, con reajustes automáticos.
Los diputados autores del proyecto señalaron que su intención es “establecer un mecanismo racional” que otorgue mayor previsibilidad y estabilidad a los ingresos y gastos de las familias.
Por ahora, la iniciativa continúa su tramitación legislativa y deberá ser revisada en la Sala de la Cámara para su eventual despacho al Senado.
