Un 44% de los consultados opina que el mandatario debería utilizar la instancia para reconocer errores y enmendar el rumbo
La más reciente medición de la encuesta Plaza Pública Cadem reflejó un escenario complejo para la actual administración. Según los datos obtenidos, la desaprobación hacia la gestión de Kast aumentó un punto porcentual, situándose en un 56%.
En contrapartida, la aprobación del jefe de Estado registró un descenso de dos unidades, alcanzando un 39%.
Frente al primer discurso presidencial ante el Congreso Pleno, la ciudadanía manifestó posturas claras sobre el tono y contenido que debería tener la intervención. El sondeo indica que un 44% cree que el jefe de Estado debería ocupar dicha instancia principalmente para “reconocer errores y enmendar el rumbo”.
Asimismo, existe una alta expectativa respecto a la planificación a largo plazo, ya que un 88% está de acuerdo con que el mandatario se comprometa con metas para la década y “dé ejemplos de anuncios concretos”. Adicionalmente, un 87% de los encuestados pretende que se aproveche la oportunidad para volver a comunicar los objetivos estratégicos de su Gobierno.
Respecto a las temáticas que deberían dominar la agenda del discurso, la ciudadanía prioriza la agenda de orden público por sobre la legislativa. Un 61% considera que la prioridad principal debe ser la delincuencia, seguridad y crimen organizado, ítem que es seguido por las preocupaciones en materia de economía.
Por otro lado, solo un 40% de los consultados estima que la Cuenta Pública debería centrarse en la presentación de nuevos anuncios y reformas.
El estudio también incluyó una evaluación sobre la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), cuya imagen institucional atraviesa un momento crítico de percepción ciudadana. Los resultados muestran que un “45% evaluó con nota entre 1 y 4 su imagen”, mientras que solo un 31% le otorgó una calificación positiva entre 6 y 7.
En cuanto al modelo de propiedad de la minera, el 56% de los chilenos sostiene que la estatal debe seguir siendo una “empresa completamente estatal”. Solo un 26% de los encuestados es partidario de abrir parte de su propiedad a fondos privados, mientras que un reducido 7% se inclina por una privatización total de la compañía.
