El aumento estuvo impulsado principalmente por el uso malicioso de tarjetas, claves y dispositivos
El fraude en Chile alcanzó un nuevo máximo histórico durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el más reciente informe elaborado por Sheriff. Entre enero y marzo se contabilizaron 17.280 causas penales por fraude, la cifra trimestral más alta desde que existen registros en 2013.
El reporte muestra que esta cantidad representa un incremento de 58,7% respecto del mismo período de 2025 y un aumento de 114,9% en comparación con los niveles registrados antes de la pandemia, en 2019.
Además, marzo de 2026 se convirtió en el mes con mayor cantidad de causas de toda la serie histórica, al registrar 6.273 ingresos.
El crecimiento mantiene la tendencia observada durante el año anterior. En 2025 se registraron 57.747 causas penales por fraude, cifra que significó un aumento de 52,6% respecto de 2024 y que ya había marcado un récord anual.
El informe identifica que el principal motor del incremento corresponde al uso malicioso de tarjetas, claves o dispositivos, un delito que ha ganado relevancia en los últimos años debido al avance de los medios de pago digitales.
Mientras en 2019 esta figura prácticamente no aparecía en los registros judiciales, durante el primer trimestre de 2026 representó el 29,25% del total de las causas, con 5.054 casos.
En apenas un año, esta categoría pasó de 839 denuncias en el primer trimestre de 2025 a 5.054, multiplicándose por seis.
“El fraude en Chile alcanzó un nuevo techo: desde 2013, ningún trimestre había registrado tantas causas, y marzo marcó el mes más alto de toda la serie. Estos datos son una señal de alerta temprana: el delito se está desplazando rápido hacia el mundo digital y hacia regiones donde antes casi no existía”, comenta Vicente Cruz Infante, founder de Sheriff.
Aunque las estafas y otras defraudaciones contra particulares continúan siendo la categoría con mayor volumen, con 9.078 casos, el fraude asociado a tarjetas es el que presenta el crecimiento más acelerado.
El estudio también plantea que una parte del aumento en las causas podría estar relacionada con la entrada en vigor de la Ley 21.673, normativa que exige presentar una denuncia penal para que las instituciones financieras puedan restituir fondos a clientes afectados por fraudes.
Esta exigencia habría motivado a un mayor número de víctimas a formalizar sus denuncias ante la justicia.
“Es probable que el abrupto incremento se explique por la exigencia de denuncia penal establecida por la Ley 21.673 para que los bancos procedan a la restitución de fondos defraudados. La exigencia es razonable: el Ministerio Público no debe ser indolente ante la cada vez más prolífica y sofisticada comisión de este tipo de delitos por parte del crimen organizado”, mencionó Alejandro Awad, socio de BACS Abogados.
Uno de los principales cambios que revela el informe es el nuevo mapa territorial del fraude en Chile.
Durante el primer trimestre de 2026, Antofagasta concentró 3.942 causas penales, equivalentes al 22,81% del total nacional, convirtiéndose por primera vez en la región con mayor cantidad de casos.
En contraste, la Región Metropolitana, que en 2019 reunía el 41,95% de las causas del país, redujo su participación al 15,15%, acumulando tres trimestres consecutivos fuera del primer lugar.
En 2019, Antofagasta representaba solo el 3,73% de los casos nacionales, lo que evidencia el cambio experimentado durante los últimos años.
“Lo que estamos viendo en Antofagasta es un quiebre territorial en la forma en que opera el fraude. Que una región pase de representar menos del 4% en 2019 a concentrar casi el 23% de los casos del país en un solo trimestre confirma que el delito se mueve y busca nuevos focos, sobre todo en el mundo digital y de medios de pago. El fraude dejó de ser un problema ‘de Santiago’: hoy la amenaza es territorialmente transversal”, comentó Vicente Cruz Infante.

El informe indica que el 88% de las causas registradas en Antofagasta corresponde al uso malicioso de tarjetas, claves o dispositivos, con 3.469 casos de un total de 3.942.
Según los datos, durante todo 2024 la región había registrado apenas 61 causas por este tipo de delito, lo que refleja la magnitud del incremento.
Respecto a este fenómeno, Alejandro Awad señaló:
“Es probable que el abrupto incremento se explique por la exigencia de denuncia penal establecida por la Ley 21.673 para que los bancos procedan a la restitución de fondos defraudados. Por lo demás, y en la medida que quien denuncia se expone a una investigación penal seria, este incremento podría ser demostrativo de que estos atentados en contra de cuentacorrentistas y tarjetahabientes, en su abrumadora mayoría, no provendrían de autofraudes, como a veces se ha querido hacer creer”, explica.
Por su parte, el Maule ocupó el segundo lugar con el 21,89% de las causas nacionales, aunque con un predominio de estafas tradicionales, mientras O’Higgins mantuvo una alta incidencia del fraude con tarjetas.
Finalmente, Vicente Cruz Infante destacó la importancia de fortalecer las medidas preventivas.
“Establecer criterios internos basados en el historial reputacional de personas y empresas permite transformar la información en una política de seguridad efectiva. No se trata solo de reaccionar, sino de usar la información disponible para evitar que el fraude toque nuestra puerta”, concluyó.