Mientras la presunta víctima denuncia haber sido drogada, la defensa del médico asegura que el conflicto se originó por una disputa económica
La justicia chilena inició formalmente la investigación contra Fabián Barrientos Andrade, quien hasta el pasado fin de semana se desempeñaba como secretario regional ministerial de Salud.
El caso, que derivó en la renuncia de la autoridad a solicitud del Gobierno, se centra en los hechos ocurridos entre la noche del viernes 24 y la madrugada del sábado 25 de julio.
De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía, la investigación comenzó tras la denuncia de un hombre que prestaba servicios de escort. El denunciante afirmó que, durante su estadía en la vivienda de Barrientos en Punta Arenas, el imputado le proporcionó clonazepam y “una segunda pastilla de color azul, de sabor dulce, que debía disolver bajo la lengua”.
Según el relato de la víctima, tras ingerir las sustancias quedó en un estado de inconsciencia que habría sido aprovechado para concretar la agresión. La fiscalía detalló que el afectado despertó con un “fuerte dolor anal, secreciones atribuibles a actividad sexual y sangrado”, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos de violencia sexual en el Hospital Regional.
En su declaración voluntaria ante la PDI, el exseremi de Salud negó tajantemente el suministro de drogas y planteó una dinámica distinta. Barrientos sostuvo que mantenía una relación habitual de cliente-escort con el denunciante desde 2024 y que el altercado comenzó cuando el hombre le exigió un pago adicional de $200.000.
De acuerdo con información de Unidad de Investigación de Bío Bío Chile, el imputado declaró: “Él me pidió plata, la suma de $200.000 ya que los necesitaba urgente (…) yo le dije que no, me hice el loco. Regresé a casa y M.L. estaba eufórico… Estaba agresivo, me volvió a pedir plata”.
Según su testimonio, fue el propio Barrientos quien cruzó la calle para pedir ayuda a un vecino alegando que alguien “se había vuelto como loco y me quería robar”, lo que provocó la llegada de Carabineros.
Tras la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas rechazó la prisión preventiva, decretando las medidas de arraigo nacional y la prohibición absoluta de acercarse a la víctima.
A pesar de que los exámenes médicos iniciales no detectaron lesiones físicas en la zona anal, el Ministerio Público enfatizó que existen peritajes toxicológicos y bioquímicos pendientes que son considerados “clave para la imputación”.
El tribunal fijó un plazo de investigación de 4 meses para esclarecer si existió el suministro de fármacos y la agresión sexual denunciada.
