Una nueva polémica por remuneraciones millonarias ha surgido tras revelarse que existen sueldos que igualan o superan al del mandatario
La administración pública enfrenta una nueva polémica por altas remuneraciones tras conocerse datos extraídos de Transparencia Activa.
Según los registros correspondientes al mes de junio de 2026, se detectaron 46 funcionarios de 10 superintendencias que habrían recibido sueldos equivalentes o superiores a la remuneración del actual jefe de Estado.
Para dimensionar la controversia, es necesario señalar que el mandatario recibe una remuneración que supera los $11 millones mensuales en bruto. Bajo este umbral de ingresos, el informe identifica a funcionarios de entidades clave para la regulación y fiscalización nacional.
Entre las instituciones donde se registran estas remuneraciones figuran las superintendencias de Salud, Pensiones, Seguridad Social, Insolvencia y Reemprendimiento, y Casinos de Juego.
A este listado se suman la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la de Electricidad y Combustibles (SEC), Medio Ambiente, Educación y Educación Superior.
El caso cobró relevancia pública tras un encuentro sostenido el pasado martes entre la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), dado a conocer por El Mercurio.
Aunque la cita originalmente buscaba abordar las remuneraciones de ciertos funcionarios de ambas corporaciones del Congreso y de la biblioteca del Legislativo, el análisis se extendió a otros organismos del Estado que presentan cifras similares.
Esta situación ha reabierto el debate técnico sobre la escala de sueldos públicos y la legalidad de que existan cargos que logren equiparar o superar los ingresos del propio mandatario.
De acuerdo con la información analizada, los ingresos que compiten con el sueldo del jefe de Estado no están distribuidos de forma generalizada. Los datos de Transparencia Activa indican que “los mayores sueldos serían percibidos principalmente por jefes de servicio, directivos y jefaturas”.
Este hallazgo ha generado reacciones inmediatas en el mundo político, centrando la atención en la necesidad de revisar “la existencia de funcionarios cuyos ingresos igualan o superan el del jefe de Estado”. La controversia se mantiene abierta mientras se revisan los criterios técnicos que justifican estas remuneraciones en el sector público chileno.
