Mientras en México un tribunal ordenó el pago de una pensión para un perro tras la separación de sus dueños, en Chile no existe una normativa específica sobre la custodia o manutención de mascotas.
Las mascotas son consideradas por muchas familias como un integrante más del hogar. Sin embargo, cuando una pareja decide separarse, surge una pregunta que la legislación chilena aún no responde con claridad: ¿quién se queda con el perro o el gato?
El debate volvió a instalarse luego de un inédito fallo en México, donde un tribunal del estado de Tabasco ordenó que un hombre pagara una pensión mensual para cubrir la alimentación y los gastos veterinarios de Lucas, un husky siberiano de tres años, tras el divorcio de sus dueños. La resolución también tomó en cuenta el vínculo afectivo que el animal mantenía con ambos.
Según explica Eduardo Lara, abogado del Estudio Jurídico Alfaro y Madariaga (EJAM), actualmente no existe una regulación específica que determine cómo resolver estos conflictos.
“La legislación chilena no tiene ningún tipo de regulación normativa al respecto”, señala el especialista.
Ante la ausencia de una ley, la principal opción para las parejas que se separan es alcanzar un acuerdo voluntario.
En la práctica, uno de los elementos que puede influir para determinar la propiedad del animal es el registro del microchip y la inscripción realizada conforme a la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, conocida como “Ley Cholito”.
No obstante, Lara explica que las partes también pueden pactar otras condiciones.
“Las parejas efectivamente podrían llegar a un acuerdo, porque si bien no está reglado normativamente, tampoco está prohibido; por lo tanto, se puede formalizar a través de un acuerdo extrajudicial en una Notaría”, indica.
Ese acuerdo puede definir quién quedará al cuidado de la mascota, cómo se repartirán los gastos de alimentación y atención veterinaria e incluso establecer mecanismos para que ambas personas mantengan contacto con el animal. Si alguna de las partes incumple lo pactado, es posible iniciar acciones civiles para exigir su cumplimiento.
Para el abogado, la legislación chilena todavía trata a las mascotas principalmente como bienes, una visión que no refleja la realidad de muchas familias.
“Chile debería avanzar en materia legislativa respecto de la regulación del cuidado de los ‘nuevos hijos’, las mascotas, ya que hoy son muy relevantes en la vida familiar”, sostiene.
A su juicio, una futura regulación también debería considerar la capacidad del sistema judicial para resolver este tipo de conflictos.
“Hay que inyectar recursos a los tribunales de familia del país, que ya se encuentran con una fuerte sobrecarga laboral o, mejor aún, preferir los Juzgados de Policía Local para resolver estos conflictos”, plantea.
Mientras otros países comienzan a incorporar el bienestar de las mascotas dentro de los procesos de separación, en Chile el destino de perros y gatos sigue dependiendo, en gran medida, de quién figura como propietario y de la capacidad de las exparejas para llegar a un acuerdo, dejando un importante vacío legal en una materia cada vez más frecuente.
