Fiscalía Nacional detectó a 42 funcionarios que entre 2022 y 2025 salieron al extranjero con licencias médicas

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Del total, una decena de ellos correspondería a fiscales del Ministerio Público y los demás, a abogados, técnicos, auxiliares y administrativos del servicio.

La Fiscalía Nacional entregó este jueves los resultados de un informe realizado por su División de Contraloría Interna, que detectó durante el periodo 2022-25 a un total de 42 de sus funcionarios con viajes al extranjero mientras se encontraban haciendo uso de licencias médicas vigentes.

La información revelada esta mañana por el servicio público se alcanzó luego que el ente contralor interno, según señaló la propia institución, realizara “un cruce de información proporcionada por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), en virtud de la Resolución Exenta N°376, con los antecedentes laborales de la División de Personas del Ministerio Público”.

La finalidad de este proceso indagatorio, aclaró el Ministerio Público, fue con “el objetivo de identificar situaciones que pudieran contravenir los principios de probidad y cumplimiento de deberes funcionarios”.

Precisamente esta labor del órgano persecutor permitió la identificación de 42 casos de trabajadores del servicio, y con contrato vigente en el Ministerio Público, que durante los últimos tres años “registraron salidas al extranjero mientras se encontraban con licencia médica activa”.

“De ese total, 10 son fiscales y 32 funcionarios pertenecientes a otros estamentos, como administrativos, abogados asistentes, abogados asesores, técnicos y auxiliares”, indicaron, al paso que aclararon que de la revisión de datos no se encontraron “casos correspondientes a funcionarios dependientes directamente de la Fiscalía Nacional”, y que en la actualidad se encuentren en funciones.

Respecto del desglose de casos, la Fiscalía Nacional indicó que los más de cuarenta funcionarios detectados se distribuyen “en 11 regiones del país”.

Los resultados de este revelador informe, agregó el persecutor público, fueron enviados “a cada Fiscalía Regional para la revisión de los casos bajo su jurisdicción”, de forma que “cada región determine las medidas administrativas correspondientes, y que podrían incluir la solicitud de informes, eventuales sumarios u otras acciones de verificación”.

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