El 11 de febrero de 2022, a las 15:30 horas, dos ciudadanos venezolanos, se dirigieron a una oficina del Registro Civil ubicada en la calle Cáceres, en la comuna de Rancagua. Según un informe del servicio público, ambos solicitaron “el retiro de sus cédulas de identidad”. Este trámite lo habían realizado previamente a través de WhatsApp con un presunto funcionario de la institución. Sin embargo, la documentación correspondiente nunca fue gestionada en esa ni en ninguna oficina.
El caso fue informado al director y a la encargada de operaciones del servicio el 11 de febrero de 2022 por la responsable de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS), quien fue la encargada de atender a los afectados.
El funcionario, según lo relatado por los ciudadanos a la encargada, se identificaba como “Matías” y les aseguró que trabajaba en el edificio de la calle Cáceres, el lugar designado para el retiro del documento.
El día en que fueron a buscar las cédulas, Matías les contó que iba a salir vestido de traje para entregarle los documentos e incluso le envió fotos de sus colegas de trabajo a sus celulares. Sin embargo, los documentos no llegaron a manos de los extranjeros y de acuerdo con sus relatos, cada uno depositó cerca de $250 mil a cambio de los carnet. Era una estafa.
En total, fueron 9 denuncias por oficio que el servicio remitió a la fiscalía regional de O’Higgins, únicamente en esa región. En ellas, aparecen cerca de 20 víctimas -todos migrantes- que fueron engañados por supuestos funcionarios de la entidad.
Otras de las víctimas de calle Cáceres en Rancagua durante 2022, fue Yolanda, quien a sus 24 años quiso tramitar su carnet de identidad en el Registro Civil.
La mujer de nacionalidad boliviana, en aquel momento trabajaba de forma independiente, y el seis de junio se contactó con Felipe Andrés, un hombre que se hizo pasar por funcionario del servicio y que le pidió una alta cifra de dinero a cambio de tramitar su cédula. Así lo evidencia un chat de WhatsApp al que La Radio tuvo acceso.
Fue en ese momento, en que le informó que debía entregarle “una fotografía de carnet boliviano, otra de su pasaporte y una de su perfil con fondo blanco y claro”. No requirió presentar la VISA. El trámite era sencillo.
Un día después, Yolanda le hizo llegar todos los documentos solicitados. Pero, antes debía pagar una inscripción de $50 mil. Una vez transferido el dinero de la inscripción, Felipe le envió un falso “Comprobante de Solicitud de Identidad de Extranjeros” con el que debía hacer el retiro. A diferencia de un trámite normal que cuesta $3.820, el funcionario le cobró $200 mil pesos. El resto de la historia no cambia: Yolanda hizo el depósito, pero nunca obtuvo su cédula de identidad.
En la actualidad la investigación -reservada- está a cargo del fiscal de Alta Complejidad Nicolás Núñez. Aunque el Ministerio Público declinó entregar mayores antecedentes debido a que hay diligencias pendientes, dieron a conocer a Bío Bío que se indagan los delitos de estafa y falsificación de instrumento público.
